Argentina la represión desatada contra el pueblo

Agencia Informativa de la Resistencia

AIR

Luis Bruschtein señalaba en su habitual columna de Página 12: “Otro mito que se derrumba. El peronismo en la oposición resultó más amigable de lo que fue el antiperonismo supuestamente republicano cuando los peronistas fueron gobierno con el kirchnerismo. Durante todos los años posteriores a la caída de Perón en el 55, el peronismo fue el único obstáculo para que los gobiernos que le siguieran no destruyeran las conquistas sociales, la educación, la salud pública y el aparato estatal. Eso cambió. Hubo mucha gente en la calle, manifestaciones y actos, pero en el Congreso hubo dispersión”.
Así analizaba lo acaecido en oportunidad del tratamiento parlamentario del Presupuesto 2019. Mientras un sector de los diputados peronistas que responden a gobernadores provinciales votaba afirmativamente el Presupuesto exigido por el FMI, en la calle miles de personas se manifestaban en contra. El rechazo al tratamiento del presupuesto 2019 no se limitó a las puertas del Congreso de la Nación. Con cortes, piquetes y ollas populares, organizaciones políticas, sociales y sindicales se movilizaron en distintos puntos del país.
No obstante, el gobierno de Cambiemos logró luego de una extensa sesión, que incluyó una vez más la represión callejera, los votos necesarios para sancionar el Presupuesto 2019. Fueron 138 los diputados que acompañaron la iniciativa, en tanto que 103 los que se opusieron, 8 abstenciones y 7 ausencias. Una vez que se aprobó en general, el titular de la Cámara baja, Emilio Monzó, hizo aprobar en una sola votación todo el articulado a pesar del airado reclamo de la oposición. Ahora le tocará al Senado debatir y votar el proyecto que garantiza el ajuste que para la Casa Rosada es el único camino para enfrentar el proceso de estanflación que vive el país fruto del modelo económico que implementa el presidente Mauricio Macri desde que asumió en 2015.
El oficialismo consiguió apenas el quórum que exige el reglamento. Lo hizo con 129 diputados, el número justo que alcanzó gracias a la presencia de 13 diputados de Argentina Federal; el bloque Evolución Radical de Martín Lousteau; tres monobloques; y Unidad Justicialista, el espacio que corresponde a los representantes peronistas de San Luis.
También logró otorgarle media sanción en la Cámara de Diputados al proyecto de reforma del régimen de Bienes Personales, que incluye un alza progresiva de la alícuota a medida que sube el patrimonio declarado.
Sin embargo, los inmuebles rurales (campos) quedaron exceptuados de esta norma, lo que era una exigencia del sector agropecuario. El campo ya tuvo un aumento muy leve de retenciones, en pesos, que se licuará a medida que suba el dólar. Asimismo, se bajó el techo del porcentaje máximo de retenciones que deberá pagar el sector, pasando del 33 % del proyecto original al 30 %.

Salud y Educación serán las áreas más afectadas por el Presupuesto que impone el FMI

Así surge del informe que difundió el Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas en base a la propuesta enviada al Parlamento por el Poder Ejecutivo, elaborada a partir de las directivas del Fondo Monetario Internacional. Según este informe privado, “el recorte real del gasto social alcanzaría el 10% en tan solo dos años” de acuerdo a lo estipulado en el proyecto. En ese sentido, se advierte que “se consolidará un esquema de redistribución del gasto social entre pobres en el cual para cumplir con la movilidad jubilatoria se recortan a otras funciones sociales”.
El programa de asignaciones familiares caerá un 3,7% en términos reales, mientras la pensión universal para el adulto mayor lo hará un 6,4%, según las estimaciones.
La educación será “de las partidas más afectadas” ya que “se invertirá 5.863,8 millones menos en infraestructura y equipamiento, 3.416,9 millones menos en fortalecimiento edilicio de jardines infantiles”.
El sector de la salud también será perjudicado. Allí “se invertirá 1.022,6 millones menos en el programa de Atención a la Madre y el Niño y 512 millones menos en Salud Familiar y Comunitaria”. También se explica que “se efectuará un recorte en el financiamiento real destinado a los hospitales públicos nacionales” que representará una caída de 13,9% para el Hospital Posadas, de 19,2% para el Hospital Nacional Baldomero Sommer y de 18,7% para Colonia Montes de Oca. Se invertirá 1.872 millones menos en abordajes territoriales por parte del Ministerio de Desarrollo Social, y habrá un recorte de 587 millones en promoción y asistencia a espacios de primera infancia.
A pesar que estiman hacia finales de año que el desempleo se acercaría a 11% y con tal número, la pobreza volvería a la zona del 30% y el salario real podría caer hasta 8% en el segundo semestre, según Ecolatina, los principales programas destinados a la generación de empleo también serán recortados: “Se invertirá 136,4 millones menos en acciones de capacitación laboral, 414,8 millones menos en formulación y regulación de política laboral y 83 millones menos en fiscalización del trabajo no registrado”.

El Presupuesto declara la guerra a las jubilaciones

En el detalle denominado “Venta de Acciones y Participaciones de Capital” de Empresas Privadas Nacionales del anexo del Presupuesto referido a ANSES, lo que pretenden obtener el año próximo con la venta de acciones del Fondo de Garantía y Sustentabilidad (FGS) alcanza un valor de $ 73.661 millones.
Ese es exactamente el mismo valor que acordó en junio con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para liquidar el FGS en 20 años, a una tasa de 0,4 % del PBI por año. En el Memorándum de Entendimiento con el Fondo se señala que “por el momento, el valor de los activos de los fondos de pensiones transferidos en 2008 se distribuirá a lo largo del tiempo como ingreso para compensar parcialmente el gasto futuro en pensiones. En particular, el monto se dividirá por la expectativa de vida promedio de los contribuyentes a esos esquemas en 2018, es decir, 20 años. El límite en el importe a reconocer como ingresos será del 0,4 % del PBI por año”.
Pero además, en el Presupuesto 2019 se consigna un nuevo ataque a las y los abuelos. Se trata de otro intento por recortar el gasto en pensiones, degradando cada vez más a los jubilados a la miseria. Así, luego de sacar la moratoria que otorgaba una “jubilación mínima” ($ 8.637) y reemplazarla por el 80 % de su valor mediante la “Pensión Universal para el Adulto Mayor” ($ 6.909), también creada por la Reparación Histórica, el gobierno empieza a limitar su acceso.
En primer lugar, elimina la posible compatibilidad de dicha pensión con el trabajo, obligando a quienes no llegan a fin de mes a buscar un trabajo precario e informal. En segundo lugar, habilita a la Anses a hacer “evaluaciones socioeconómicas y patrimoniales (…) a fin de asegurar el acceso a las personas que presenten mayor vulnerabilidad”.
Por último, el Presupuesto incorpora articulados que reducen las bonificaciones que recibirán los nuevos jubilados, pensionados y beneficiarios de Asignaciones Familiares en las zonas patagónicas por ser zonas desfavorables.

Brutal represión contra la protesta

Pasadas las 14:00 del miércoles pasado se desató la represión contra la multitudinaria protesta contra el Presupuesto 2019. Se repitieron los lineamientos de “seguridad” que desde el gobierno macrista, y en particular la ministra Patricia Bullrich, buscaron instalar desde un primer momento: operativos de dimensión desproporcionada, de “saturación” y violencia excesiva para instalar el miedo y desalentar sucesivas protestas.
La represión tuvo dos tiempos: un ataque inicial contra la movilización pasadas las 14:00, empujando a los manifestantes desde Congreso hacia la 9 de Julio, y una cacería por las calles laterales extendida hasta muchas cuadras de distancia con policía motorizada y de civil. Hubo al menos 27 detenidos, entre los cuales se contaron trabajadores de prensa y referentes de organizaciones como La Poderosa.

La CGT convocaría a un paro general en noviembre

La dirigencia sindical limitó las medidas de lucha contra el Presupuesto. De hecho no se cumplió el paro general con el que amagaron en los días previos. La CGT se borró directamente. Los gremios cercanos al moyanismo y al kirchnerismo se dividieron entre quienes pararon y movilizaron y aquellos que ni siquiera llamaron a parar, aunque hayan movilizado, como es el caso de Aeronavegantes.
Mientras, la CGT confirmó que el miércoles tendrá su postergada reunión de Consejo Directivo en la que se analizarán, entre otras cuestiones, las posiciones adelantadas públicamente por el binomio de conducción, Héctor Daer y Carlos Acuña, que virtualmente lanzaron un nuevo paro general. “Estamos en la calle y con los compañeros para reclamarle a la CGT que el paro de 36 horas lo haga la semana que viene porque es tarde hacerlo después”, expresó Sergio Palazzo de La Bancaria.
La Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT), que conduce Juan Carlos Schmid, anunció que llamará a un plenario general en noviembre para retomar su actividad y adelantó: “Habrá protestas por la situación económica”. Schmid explicó, a través de las redes sociales, que en el pliego de reivindicaciones de los transportistas están: Aumento de Emergencia a Jubilados; Apertura de #Paritarias; Revisión de Cuadro Tarifario; Plan Suspensión de #Despidos; y Ganancias.
Sin un consenso absoluto sobre la duración de la potencial huelga, los principales popes gremiales empiezan a coincidir en la idea de un paro general en la semana en que el G-20 se reúna en Buenos Aires. Como respuesta, el Gobierno busca impulsar “una suerte de pacto anti despidos en el sector privado”, y así reconstruir el vínculo con los gremios peronistas e intentar neutralizar el paro”.
El Secretario General de la UTA, Roberto Fernández, quien se proclamó reelecto como Secretario General por los próximos cuatro años, fue el primero en recoger el guante oficial al declarar que “si el Gobierno llama al diálogo, vamos a analizar si vamos al paro”.

Conflictos laborales

La fábrica de harinas Lagomarsino-La Caserita ubicada en Avellaneda suspendió a unos 40 trabajadores y peligra la continuidad laboral de otros 140 molineros. La patronal ha tomado la decisión de hacer recaer la crisis en el hombro de sus trabajadores que vienen padeciendo suspensiones rotativas y descuentos en los salarios con el cierre de varias de sus plantas como la de Mar del Plata, la de Isidro Casanova y la planta de fideos.
Los trabajadores están en alerta y con la preocupación de perder su fuente de trabajo. “No es momento de que haya despidos y mucho menos de que nos quieren bajar los salarios con la excusa de la crisis nosotros tenemos familia que mantener y todo viene subiendo”, manifestó un trabajador.
El municipio de Avellaneda conducido por el intendente kirchnerista Jorge Ferraresi viene padeciendo cierres de fábricas como Gaelle (industria del calzado) y despidos como en Siam, otro emblema del municipio. Los trabajadores de Lagomarsino no quieren ser uno más de los miles de trabajadores que terminan en la calle.
Desde el 1° de octubre cerca de 200 empleados de la empresa textil Algoselan fueron suspendidos por un mes con la posibilidad de que el parate se extienda a dos meses. En ese período el pago será del 87,5 % del sueldo.
Las multinacionales cerealeras salieron a oponerse a los incrementos tributarios que avanzan en la Legislatura rosarina y que tienen la finalidad de duplicar las partidas provinciales para el transporte urbano e interurbano de pasajeros. Como ha ocurrido otras veces, posicionaron en el medio la continuidad laboral como forma de negociar. Quien salió a contestarles fue el diputado por el Frente Social y Popular, Carlos Del Frade, quien entiende como una “absoluta justicia cobrarles a los que más tienen”. “La Cámara Aceitera y la Bolsa de Comercio de Rosario se comportan como extorsionadores y dueños de la provincia. Amenazar con despedir trabajadores es un acto que revela su bajeza humana”, sostuvo.
Luego detalló que entre veinte empresas facturaron el año pasado 388.000 millones de pesos. “Si se les cobrara un 5 % deberían pagar 19.000 millones de pesos. Pero amenazan porque ahora solamente les cobrarán 800 millones de pesos. Se creen semidioses. A 35 años de la recuperación de la democracia, una vez más la consigna es democracia o mercados”, finalizó.
Las patronales aceiteras vienen siendo algunas de las grandes favorecidas por la política del gobierno de Macri. Las grandes exportadoras y formadoras de precios multiplicaron sus ganancias con la disparada del dólar. Sin embargo, las empresas no se contentan con eso. A pesar de que la megadevaluación licuó el salario de todos los trabajadores, sin importar qué porcentaje sacaron sectorialmente en las paritarias, vienen sucediendo despidos en diferentes fábricas, como Bunge Ramallo. Desde el conflicto por los despidos en Cargill es evidente que los ataques a los aceiteros es netamente político. Tengamos en cuenta que en el sector los sueldos representan menos del 1% de las ganancias.
Luego de cesantear 9 empleados en Catamarca, Longvie confirmó 26 cesantías en su planta de 240 trabajadores en Paraná, Entre Ríos. Hace un año, el secretario de Trabajo entrerriano, Oscar Balla, manifestó su preocupación sobre la crisis laboral en la provincia, que para esa fecha ya había perdido más de 8.000 empleos. Confirmó que la más afectada fue la construcción, con unos 2.000 trabajadores menos. Sin embargo, marcó que el ajuste se observa en el sector comercial, hotelero y turístico. “La obra pública, que genera dinamismo en el resto de los sectores de la economía, en Entre Ríos está sostenida solo por el Estado provincial”, explicó.
Por la crítica situación que atraviesa el sector industrial, que tuvo especial impacto en las plantas industriales de Tierra del Fuego, se siguen destruyendo puestos de trabajo. Ahora fue en Telecomunicaciones Fueguinas, donde el jueves culminaron sus tareas la mayoría de los operarios y aparentemente sólo cinco continuarían desempeñando algún tipo de tarea.
Según publicaron los medios locales, hasta el mes de junio eran unos 45 trabajadores los que todavía estaban activos. Luego el plantel se redujo a 23 empleados. Ahora, avanzada la crisis, la empresa que fabrica celulares propuso desvinculaciones voluntarias y sólo cinco conservarían su puesto de trabajo.
Un grupo de trabajadores despedidos de la fábrica textil Alpargatas de Tucumán, cortaron el tránsito en la vieja traza de la ruta 38, a la altura del Río Chico. Los empleados reclaman el pago de los subsidios de desempleo y el incremento de los montos, los cuales ascienden a $ 4.000 por beneficiario.
El Sindicato Regional de Luz y Fuerza de la Patagonia realizó un paro de 24 horas ante “la situación en la que se encuentran las cooperativas de servicios públicos” y la “falta de pago de salarios que en algunos casos llegan hasta cuatro meses” en la provincia de Chubut.
“En caso de no tener respuestas oficiales continuará con un paro de 48 horas a partir del lunes 5 de noviembre y otro de 72 horas a partir del próximo lunes 12”, señaló Héctor González, secretario General del gremio.
La CICOP prepara otra medida de fuerza por 48 horas. Los trabajadores de la salud exigen al gobierno provincial que los convoquen a paritarias para debatir aumento salariales y mejores condiciones en los hospitales públicos.
Luego de un paro de dos días la semana pasada, el sindicato llamó a otro similar para el martes 30 y miércoles 31 en “reclamo a la gobernadora María Eugenia Vidal de apertura de la paritaria de la Ley 10.471, ya que no tuvieron acuerdo en ese marco en todo 2018, y con perspectivas inflacionarias de entre un 45 y 50 %”.
La medida afectará a 80 hospitales provinciales, hospitales municipales, centros de salud y el Hospital Posadas. Con esta huelga, CICOP completará con un total de 28 días de medidas de fuerza en 2018, solo con atención de urgencias por guardia y a pacientes internados.
Seis trabajadores fueron despedidos de la Sociedad Anónima del Estado de Transporte Automotor (SAETA) en Salta, luego de diez días de interrupción del servicio nocturno. El motivo de los despidos fue por “recorte de personal”.
Quebró la avícola Criave y Roque Pérez está al borde del colapso social. La avícola procesaba 100.000 pollos por día y daba unos 3.000 empleos para una población de 10.000 habitantes.
La caída de la rentabilidad también afecta a las multinacionales. Arcor tuvo su peor performance en 67 años de existencia: sólo en la primera parte del 2018 perdió casi $ 3.000 millones. La última vez que tuvo rojo en sus cuentas fue en 2002, en donde había perdido $ 50 millones. Otro caso es el de Molinos Río de la Plata, que vio derrumbarse su rentabilidad con un balance negativo en el primer semestre de casi $ 1.100 millones aunque su performance ya había sido negativa el año pasado. Se suma a este escenario Mastellone Hnos., que perdió $ 1.042 millones en ese período. Las tres alimenticias desactivarán los contratos temporarios y dejarán sin efecto los proyectos de inversión, al menos, hasta el segundo trimestre del año próximo.

Crecimiento de las muertes en el trabajo

Fallecieron 743 trabajadores durante 2017 en accidentes laborales. La información elaborada por la Superintendencia de Riesgos de Trabajo representa un incremento del 5 % frente a los registros del año anterior. El informe anual de la dependencia oficial refleja por primera vez en seis años un aumento en el índice de accidentes mortales.
Las modificaciones introducidas por el gobierno de Mauricio Macri al sistema de riesgos del trabajo estuvieron en línea con el histórico reclamo de las cámaras empresarias y las aseguradoras: restringir la capacidad de los trabajadores para iniciar acciones legales, minimizar sus riesgos y reducir los costos que deben asumir los empleadores. Implementadas en un escenario de deterioro de la estructura laboral, las medidas no buscaron mejorar las condiciones de seguridad e higiene de los trabajadores.
En el transporte (línea 60, subte, ferrocarriles), en la industria minera, del neumático, del petróleo, en las acerías, en las metalúrgicas, en la construcción, en el campo, las muertes obreras son una constante.
El informe del Ministerio de Trabajo también arroja que el 2016 en Argentina se notificaron más de 600.000 “accidentes” laborales, en los que hubo 560.000 obreros que tuvieron días de baja por haber sido víctima de algún accidente laboral. Los números solo hablan de los sectores registrados, pero adelantan el agravante de que si se consideran los sectores en negro (no registrados, que superan el 34 %, es decir casi 4,5 millones de trabajadores) las muertes obreras se multiplican.
El 17% de las ausencias laborales se debe a los accidentes en los propios lugares de trabajo. A estos números hay que agregarle los más de 600 casos al año de trabajadores que quedan incapacitados para seguir cumpliendo funciones luego de haber padecido un accidente laboral.
Los llamados “rotos” son trabajadores que padecen todo tipo de enfermedades laborales (cervicalgia, lumbalgia, hernias de disco, tendinitis, túnel carpiano, pérdida de falanges) que luego no les permite conseguir otro trabajo. Para el Gobierno analizar estos números significa: “Desbaratar la industria del juicio” o “las mafias de los juicios laborales”. Las reformas de las leyes de ART se sucedieron en los últimos años con el objetivo de bajar la litigiosidad y que se llegue a juicio para ahorrar costos laborales.
Lo que nunca se detienen a analizar y prevenir los empresarios con la complicidad del Gobierno y los representantes sindicales, es en erradicar los “accidentes” y tener un serio plan de higiene y seguridad. Lo que ellos llaman accidentes no lo son por ser evitables, es lisa y llanamente desidia patronal, por falta de mantenimiento, herramientas necesarias o por extenuantes horas de trabajo. Para ellos la vida obrera no vale nada, lo único que les importa son sus ganancias.
La construcción y el sector agrícola son los principales sectores donde se producen accidentes laborales que terminan en muertes. Además son dos de los sectores de la economía en los que hay mayor cantidad de trabajadores en negro, sin ningún tipo de seguro (ART) y cobertura social.

Pensiones por discapacidad en la mira

Desde que explotó en los medios la baja de pensiones por discapacidad, mal llamadas por “invalidez laboral”, en junio del año pasado, desde distintos sectores y principalmente desde el gobierno nacional se afirmó que la mayoría eran “truchas”, y por eso se recortaron alrededor de 130.000, quedando muchas personas con discapacidad en total situación de vulnerabilidad.
Al llamar a las pensiones no contributivas destinadas a personas con discapacidad, pensiones por invalidez laboral, se deja fuera a los nenes y nenas que necesitan su pensión para acceder a apoyos por los que muchas veces el Estado no brinda cobertura: asistencia personal, movilidad, gastos familiares que devienen de la discapacidad, además del acceso a la cobertura de salud provista por Incluir Salud, que con todas las dificultades que atraviesa debe garantizar el acceso a medicación, terapias y tratamientos.
El aumento de las pensiones luego de 2008 tiene que ver con que nuestro país ratificó la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, con rango constitucional por Ley 27.044. Es por eso que se flexibilizaron los criterios de otorgamiento, aplicando de manera laxa el decreto 432/97, que resulta inconstitucional por ser previo y contrario al tratado internacional mencionado y que debiera derogarse.
Lejos de hacerlo, actualmente se evalúan las pensiones y sus posibles incompatibilidades sobre la base de este decreto que resulta regresivo para las personas con discapacidad y pone al Estado argentino en la mira del Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que monitorea el cumplimiento de este tratado y ya realizó observaciones a nuestro país al respecto.
Este decreto, tal como está establecido, impide contar con una pensión a niños y niñas porque, por definición, los menores no pueden trabajar, y difícilmente podrán demostrar una incapacidad laboral del 76%; a aquellas personas que tienen un auto, aunque sea viejo y sea imprescindible para su movilidad, teniendo en cuenta la inaccesibilidad en el transporte; a aquellas personas que están casadas y su pareja percibe un salario sin importar el monto, o una pensión, sin considerar la autonomía de las personas con discapacidad; a las personas que tienen vivienda, aunque sea precaria y de uso familiar. Cabe señalar que la pensión actualmente es de $ 5.667,42.

Niños desprotegidos

Hay 1,6 millón de niños en el país que no reciben la Asignación Universal por Hijo (AUH) a pesar de que se encuentran en el universo de potenciales titulares de ese derecho, según los cálculos de Unicef. Esa cifra equivale al 40 % de los actuales titulares de la AUH, unos 3,9 millones de chicos. Este grave déficit en la aplicación del programa afecta a las familias más vulnerables y se explica en buena medida por el castigo que impone la no presentación de certificados de escolaridad y de vacunación, que luego de un tiempo hacen que el niño o la niña automáticamente pierdan el estipendio.
En un contexto en donde la pobreza infantil por ingresos asciende al 47,7 %, Unicef advirtió que la AUH genera más beneficios que costos e instó al Gobierno a desplegar algún tipo de respuesta. La AUH está destinada a menores de 18 años que no tengan otra asignación familiar y cuyos padres están desocupados, son trabajadores temporales, monotributistas sociales, personal de casas particulares o no registrados. “A casi 10 años de su implementación, se han registrado impactos altamente positivos en la reducción de la pobreza y en mejoras del bienestar de las niñas, niños y adolescentes”, indica Unicef.
El organismo planteó al Gobierno la necesidad de eliminar el carácter punitivo de los requisitos y al mismo tiempo “fortalecer el apoyo social con programas intensivos en recursos humanos que ayuden a identificar y responder a la vulnerabilidad y la privación”.
Recordemos que el informe del INDEC sobre la pobreza en Argentina da cuenta que el sector de la población que más la sufre son los niños de hasta 14 años. En ese segmento de la población los índices de pobreza llegan hasta un 41,4% y los de indigencia al 8%.
El informe del semestre anterior había arrojado un nivel de pobreza para ese segmento de un 39,7% y de indigencia de un 7,6%.
Un dato que sirve para mostrar el trato que el Estado ofrece a la niñez surge de comparar el monto de la Asignación Universal por Hijo ($1.350) con los valores que el INDEC considera que necesita un niño para afrontar los gastos de la Canasta Alimentaria que para mujeres y varones de hasta 9 años equivale a $ 1.864 y para varones de 14 años llega hasta los $ 2.543.

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Autor: TV NOTICIA AITUE

...parte de esa cultura de vida y dignidad de nuestros pueblos.-

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