Putaendo;trabajadores movilizados contra la transnacional Acciona

Agencia Informativa de la Resistencia

AIR

 

Trabajadores de la construcción movilizados  en defensa de sus derechos laborales, de la empresa  transnacional ACCIONA de capitales españoles.  Que entre sus contratos con el Estado de Chile, en la comuna de Putaendo provincia de San Felipe,  se  adjudicaron la obra de  construcción del  hospital psiquiátrico.   El prontuario del grupo Acciona partió en España con delitos tributarios, blanqueo de capitales y fraude a gran escala.

 

Chile, comuna de Putaendo provincia de San Felipe, trabajadores de la construcción se encuentran movilizados en demandas de sus derechos laborales. En esta apacible localidad campesina de la quinta región, se libra una nueva batalla contra una transnacional, el presidente de Sinamoc-Chile Manuel Montenegro  sabe de esas luchas y lograr poner de rodillas a estos rábulas del dinero.  La Agencia Informativa de la Resistencia AIR, entrevisto al dirigente sindical, quien señalo que la empresa se ha negado dialogar con el sindicato, pretendiendo en un  principio desconocer a sus dirigentes.

El grupo Acciona desde el 2008 ha sido beneficiado con concesiones y contratos con el Estado. Hay que recordar que gracias a Ricardo Lagos, al entonces ministro del MOP, Sergio Bitar, logro la concesión de las obras de ejecución y explotación de la ruta 160 . en octubre del mismo año nombro al ex ministro y embajador en España Osvaldo Puccio, en el cargo de director concejero para Latinoamérica. Puccio uno de los operadores de la concertación, paso a ser un lobbysta al servicio de Acciona.

Es así, que la  estafa, soborno, blanqueo de capitales, evasión de impuestos, posición abusiva de mercado, apropiación indebida, manipulación contable, fraude. Y también paraísos fiscales, ingeniería financiera, doble contabilidad, lobbies, diplomacia económica, pago de comisiones, puertas giratorias.  Forman parte del accionar de los rábulas del dinero  Un modelo de esa economía de mercado que repiten los empresarios chilenos y que tienen como maestros a las transnacionales.

“En su carrera por la acumulación de ganancias, todas las grandes corporaciones de todos los sectores se ven obligadas a romper las reglas en algún momento”, afirman en su libro La empresa criminal los profesores Steve Tombs y David Whyte, efectivamente, así es: en un contexto de fuerte competencia en el mercado mundial y con una constante presión de los accionistas y los fondos de inversión por aumentar sus ganancias, las grandes compañías están en una continua carrera a la baja —devaluación de los salarios, “flexibilización” de las condiciones laborales, externalización de las tareas y responsabilidades menos rentables, etc.— que implica, cuando la situación lo requiere para defender sus negocios, pasar por encima de las legislaciones nacionales y los pactos internacionales. La historia de la expansión global de las multinacionales, desde finales del siglo XIX hasta nuestros días, así lo evidencia.

A lo largo del siglo pasado, para que pudiera producirse el proceso de internacionalización de las grandes corporaciones industriales, extractivas y financieras, fue necesario disciplinar a los gobiernos, las comunidades locales y los movimientos sociales que se opusieron a este modelo de “desarrollo”. Y las empresas transnacionales, en el marco de una alianza estratégica con los Estados centrales —no en vano, como nos recuerdan Tombs y Whyte, “la corporación es una creación del Estado-nación y se mantiene sobre una obscena variedad de actividades estatales”— no dudaron en utilizar todos los medios a su alcance para conseguir sus propósitos.

Es así, que asistimos a una institucionalizada vinculación político-económica existente entre los Estados centrales y las empresas multinacionales, así como la presión que estas ejercen sobre las organizaciones internacionales económico-financieras, les permiten configurar políticas y legislaciones favorables a sus propios intereses. De hecho, el objetivo de lo que hemos llamado la arquitectura jurídica de la impunidad —que en las últimas décadas han venido construyendo las transnacionales, las instituciones y los Estados que las apoyan— es justamente asegurar los negocios de las multinacionales y blindar sus “derechos”, pasando por encima de los derechos fundamentales de las mayorías sociales, la soberanía de los pueblos y la propia democracia. Pareciese que una mayoría termina por aceptar esta impunidad, en Chile podemos destacar el ejemplo de un estafador que logra por segundo mandato ser presidente.

Las empresas transnacionales protegen sus derechos mediante un ordenamiento jurídico internacional basado en las reglas sobre comercio e inversiones, una nueva lex mercatoria compuesta por miles de normas: contratos de explotación y comercialización, tratados comerciales bilaterales y regionales, acuerdos de protección de inversiones, políticas de ajuste y préstamos condicionados, laudos arbitrales… Se trata de un Derecho duro —normativo, coercitivo, sancionador— que favorece los intereses de las grandes corporaciones y, al mismo tiempo, ofrece la otra cara de la moneda a la hora de regular cuáles son sus obligaciones. Y es que estas se remiten solo a las legislaciones nacionales —previamente sometidas a las políticas neoliberales—, a un Derecho Internacional de los Derechos Humanos que resulta ser manifiestamente frágil y, por último, a una “responsabilidad social” que no es sino un Derecho blando (soft law) articulado en torno a las ideas de voluntariedad, unilateralidad, no-exigibilidad jurídica y, en definitiva, autorregulación empresarial. En Uruguay el grupo Acciona  ejerce todos esos mecanismos internacionales, para revertir la situación de haber sido excluido de la licitación, de la construcción de la línea ferroviaria central.

  La construcción de esa armadura del capitalismo que privilegia los negocios corporativos por encima del interés general, eso sí, no habría sido posible sin contar con una participación decidida de las instituciones públicas y los organismos multilaterales en todo el proceso. Los gobiernos de la concertación y nueva mayoría supieron administrar  el modelo en directo beneficio de los empresarios.

Por consecuencia, esas sucesivas reformas laborales y del sistema de pensiones, el adelgazamiento de la legislación ambiental, el deterioro de la prestación de servicios públicos como el agua, la sanidad y la educación para facilitar su posterior privatización, etc. —, el Estado ha sido esencial para las grandes empresas en lo que se refiere, por una parte, a la represión de las movilizaciones sociales en su contra y, por otra, a la producción legislativa para favorecer a esas mismas compañías.

Seguramente los trabajadores de la construcción hoy movilizados en la comuna de Putaendo, comienzan a valorar su lucha  contra una poderosa transnacional, que tiene línea directa con el gobierno de Piñera.

Con ello, las empresas transnacionales pueden eludir prácticamente cualquier control, tanto público como ciudadano, gracias al poder económico-financiero que poseen, a su carácter transnacional, su versatilidad jurídica y las complejas estructuras que utilizan para sortear las diferentes leyes y regulaciones nacionales e internacionales.  Asimismo, la consolidación y ampliación del extraordinario poder que han ido acumulando se lleva a cabo mediante una fuerte labor de lobby, poniendo en marcha think tanks y dedicando muchos esfuerzos a la construcción y difusión de un relato que legitime socialmente sus objetivos de negocio. A la vez, engrasan el mecanismo de las puertas giratorias, haciendo que toda una sucesión de gobernantes y empresarios vayan intercambiando sus posiciones entre el sector público y el privado y subordinando, de esta manera, las decisiones políticas a los intereses particulares de los grandes poderes económicos.

La nueva colonización de América Latina por parte de las empresas españolas,  con un prontuario de primer mundo. El empresario Javier López Madrid, gran amigo de los reyes de España y consejero delegado del Grupo Villar Mir —conglomerado dueño de OHL y con participaciones en otras compañías como Abertis, Fertiberia y Colonial—, investigado en la operación Púnica por la financiación ilegal del Partido Popular en Madrid y acusado de apropiación indebida en el caso de las tarjetas black de Caja Madrid. El presidente de FCC Construcción y el director de infraestructuras de Acciona en España, detenidos junto a otras once personas por el supuesto pago de comisiones a ejecutivos de la empresa estatal Acuamed a cambio de proyectos de infraestructuras y sobreprecios.

América Latina en la década de los noventa representó un contexto perfecto para hacer de la corrupción no sólo una política económica sino también la mejor vía para la entrada masiva del capital transnacional.

En esta línea, los gobiernos que abrieron las economías latinoamericanas a la inversión extranjera se caracterizaron por crear un contexto económico que profundizaba las desigualdades, fortalecía una relación privilegiada entre el sector privado y la esfera política, y promovía el enriquecimiento de las élites nacionales y también transnacionales, mediante vías tanto legales como ilegales. Así fue para el caso de Brasil y el ejecutivo de Fernando Henrique Cardoso, que salvó con dinero público a bancos implicados en fraudes millonarios —y luego el “favor” le fue devuelto con donaciones ilegales—, albergó numerosos casos de corrupción y hasta compró votos para su reelección. Un panorama similar se vivió en Argentina con el gobierno de Carlos Menem, calificado como el presidente más corrupto de la historia del país por una larga lista de irregularidades en sus mandatos. Un capítulo aparte han sido los gobiernos en Chile… incluida la dictadura de Pinochet.

En esta reformulación de condiciones ventajosas para las empresas transnacionales se ha contemplado un amplio margen de políticas que, aunque no puede decirse que hayan sido ilegales, suponían sin duda un grave perjuicio para las mayorías sociales. Y cuando a través de vías legales no han podido obtener la rentabilidad deseada, multinacionales como Telefónica, Repsol, BBVA y Endesa, por citar solamente algunos casos, no han dudado en ampliar las posibilidades de negocio hacia el intercambio de favores, los sobornos, la evasión fiscal y el blanqueo de capitales. Así es como, en resumen, las grandes empresas españolas se transformaron en multinacionales y llegaron a dominar los sectores clave de las economías latinoamericanas.

Utilizar la corrupción para garantizar un negocio lucrativo no ha sido solo un episodio relacionado con las ventas de empresas latinoamericanas; se ha establecido como una forma de gobierno y una moneda de uso corriente en el desarrollo de las grandes actividades empresariales. Es apenas una parte del entramado político-empresarial que pone la función pública y los recursos del Estado a disposición de las empresas transnacionales, donde actúan la diplomacia económica y hasta las intervenciones militares con un papel destacado en la consolidación y ampliación de los negocios, con la complicidad de la clase política corrupta.  Los medios de comunicación desempeñan un rol fundamental en esta impunidad del poder de las transnacionales.

Los trabajadores solamente tienen la fuerza de su clase, para enfrentar estas batallas desiguales contra el capital.

 

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Autor: TV NOTICIA AITUE

...parte de esa cultura de vida y dignidad de nuestros pueblos.-

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